Omnia. Derecho y sociedad
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas
de la Universidad Católica de Salta (Argentina)
e-ISSN 2618-4699		                                           CC
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Resumen

El artículo es parte de los resultados de una investigación, para la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial, sobre los obstáculos de acceso a la justicia que atraviesan las personas víctimas de violencia de género en el Distrito Judicial del Norte, circunscripción Tartagal. Este distrito abarca desde la ciudad de Embarcación hasta la frontera norte de Salvador Mazza, y desde la localidad de Los Blancos en Rivadavia Banda Norte hasta las serranías del oeste. A los efectos de dar cuenta de ello, trabajamos desde un enfoque cualitativo y nos valimos de técnicas de recolección de información como entrevistas a distintos actores de los poderes judiciales, legislativos y ejecutivos locales, de instituciones públicas y de organismos de la sociedad civil sin fines de lucro. También aplicamos la observación situada en la Oficina de Violencia Familiar y de Género con la finalidad de detectar sus lógicas de funcionamiento.

Palabras clave: ecosistema - violencia - acceso - justicia - mujeres

Abstract

The article is part of the results of a research project for the School of the Magistracy of the Judiciary, on the obstacles to access to justice faced by victims of gender violence in the Northern Judicial District, Tartagal circumscription. This district covers from the city of Embarcación to the northern border of Salvador Mazza, and from the town of Los Blancos in Rivadavia Banda Norte to the western highlands. In order to account for this, we worked from a qualitative approach and made use of information gathering techniques such as interviews with different actors from the local judicial, legislative and executive powers, public institutions and nonprofit civil society organizations. We also applied situated observation in the Office of Family and Gender Violence in order to detect its operating logics.

Keywords: ecosystem - violence - access - justice - women

Derecho/ Artículo científico

Citar: Navarrete, N. M.; Lizondo, E. (2023). Ecosistema de políticas públicas centrado en las personas para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad. Distrito Judicial Tartagal. Omnia. Derecho y sociedad, 6 (2), pp. 11-30.

Introducción

El artículo forma parte de los resultados de una investigación impulsada desde la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de la Provincia de Salta, en la que nos planteamos indagar en la problemática de acceso a la justicia de una población en particular: las víctimas de violencia de género en el Distrito Judicial del Norte, circunscripción Tartagal.

Este es un distrito complejo, porque geográficamente abarca desde la ciudad de Embarcación hasta la frontera limítrofe en Salvador Mazza por la ruta 34 y hasta localidad de los Blancos en el departamento Rivadavia Banda Norte por la ruta 81 y, por consiguiente, presta servicios para una multiplicidad de identidades culturales (wichi, guaraníes, tobas qom, chulupíes o nivaclés, tapietes, chorotes y chanés) y de condiciones sociales. En este contexto, el Distrito Judicial tiene la función de garantizar el acceso a sus servicios y proteger los derechos humanos de todas las personas comprendidas en su radio de acción.

Entendemos el acceso a la justicia como un derecho que conceptualmente comprende el reconocimiento de un problema, su identificación a nivel jurídico, la capacidad para iniciar una demanda y sostener un proceso judicial, y la posibilidad con la que cuentan las personas para obtener una respuesta significativa a sus necesidades jurídicas (Brandoni, 2019; Birgin y Gherardi, 2008). El término tiene vinculación directa con los procedimientos y las estructuras judiciales (tiempos de resolución de causas, lenguaje técnico, prejuicios y estereotipos e imagen pública) y con las características sociodemográficas (situación social, económica, lugar de residencia, identidad cultural, o de género) de las personas en conflictos que en ocasiones se pueden presentar como obstáculos para la efectivización de ese derecho (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2012, p. 15).

El acceso a la justicia es un derecho que puede estar condicionado por las prácticas y estructuras del mismo sistema judicial, así como por las condiciones de vida de los y las demandantes que no cuentan con los conocimientos y recursos para identificar un problema a nivel jurídico y mucho menos para sostener un proceso judicial.

Para dar cuenta de estas barreras y trazar una cartografía de actores y acciones que permitan comenzar a cerrar esta brecha de justicia, en particular, para las personas víctimas de violencia de género, la investigación tomó como horizonte de observación a la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIF) con la finalidad de conocer cómo funciona y se gestiona la justicia desde el ecosistema interno del Distrito Judicial Tartagal.

Nos ocupamos de indagar en las acciones que llevan adelante los organismos públicos y no gubernamentales con incidencia en los municipios que comprende el distrito judicial mencionado, entendiendo que tienen funciones específicas en materia de violencia de género —que fueron asignadas mediante la Ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres y la Ley Provincial 7403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar—; funciones que tienen que ver con la eliminación de la discriminación, la ampliación de derechos, la generación de relaciones socialmente iguales, la asistencia, la detección y prevención de situaciones de violencia y el acompañamiento económico y psicológico para las víctimas.

Cabe mencionar que, si bien el Distrito abarca varios municipios del departamento General San Martín y de Rivadavia, no tuvimos acceso a todos ellos por cuestiones de distancia, falta de presupuesto y de acceso a la conectividad, por lo que solo se muestran los hallazgos de los municipios de General Enrique Mosconi, Tartagal y Salvador Mazza.

La investigación asumió un enfoque cualitativo; nos apoyamos en las estrategias de recolección de información tales como la observación y las entrevistas. Específicamente, realizamos un día de observación situada para conocer el funcionamiento cotidiano de la OVIF y un total de quince entrevistas a responsables de organismos públicos y no gubernamentales para comprender las iniciativas impulsadas desde los ejecutivos, legislativos y demás instituciones de la sociedad civil de los municipios mencionados.

El artículo está organizado en siete apartados: primero, descripción de la actividad de la OVIF; segundo, los resultados de un día de observación situada en esta institución; en el tercero se abordan las acciones de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género; a continuación, tratamos el desempeño del Juzgado de Violencia Familiar y de Género; el quinto aborda las acciones legislativas en materia de violencia de género. En el sexto se describen las acciones sostenidas por las instituciones públicas y, en el último, se abordan las iniciativas de los organismos no gubernamentales.

Funcionamiento de la Oficina de Violencia Familiar y de Género en el Distrito Judicial Tartagal

La Oficina de Violencia Familiar y de Género en el Distrito Judicial Norte, Circunscripción Tartagal, comenzó a funcionar en el año 2018 luego de la promulgación de la Ley Provincial 7954. Hasta el momento actual es la única de todo el distrito. Esta es una oficina que está compuesta por cuatro abogados prosecretarios, dos psicólogas y dos trabajadoras sociales que cuentan con formación en perspectiva de género (Ley Micaela) y funcionan de manera articulada con el hospital zonal, el gabinete sociopsicológico municipal, la fiscalía y el juzgado de violencia familiar y de género.

La actividad de esta dependencia consiste en la recepción y carga de denuncias que llegan de todas las comisarías, la realización de evaluaciones de riesgos y de diagnóstico de interacciones familiares de las demandas que ingresan de toda el área geográfica que comprende el distrito. Cuando las denuncias son emitidas en la oficina, se hacen ante la presencia de un abogado y una psicóloga. Aquí el procedimiento consiste en el relato de los hechos para la identificación del tipo de violencia y la evaluación de los riesgos.

Se escucha el relato y en la denuncia se escriben los hechos concretos de violencia, a qué se refieren con violencia y nosotras con el equipo de trabajadores sociales hacemos el informe de riesgo y ahí profundizamos un poquito más a través de algunas preguntas que no surgieron algunos datos del relato espontáneo. (Mercado, psicóloga OVIF2)

Se trata de un procedimiento estándar y se aplica a todas las personas que solicitan realizar una denuncia, no sufre modificaciones para denunciantes con capacidades diferentes, pertenecientes al colectivo LGBTQI+ o con una identidad cultural correspondiente a las distintas etnias indígenas que residen en la zona. La oficina no cuenta con personal capacitado para comunicarse con personas con estas características, o con intérpretes que puedan mediar el vínculo entre el personal técnico y las demandantes, por lo que para poder hacer efectivos sus derechos de acceso a la justicia necesitan ir acompañadas por alguien que pueda facilitar el contacto.

Con relación al perfil de las víctimas, la psicóloga sostiene que la mayoría son personas entre los 33 y los 50 años, y que llegan a la oficina como consecuencia de las modificaciones ocurridas en el lugar que ocupa la mujer en las relaciones de pareja.

Las parejas se han conformado en un contexto sociohistórico patriarcal y en estos últimos años se fue modificando, la mujer fue logrando más independencia, pelean más por sus derechos y por su independencia; eso genera también muchos quiebres en la relación, porque la pareja no lo acepta y ahí es donde empiezan a surgir las rivalidades, las discusiones hasta que se llega a la violencia. (Mercado, psicóloga OVIF3)

De los obstáculos que podrían condicionar el acceso a la de justicia a las víctimas, la psicóloga reconoce la falta de personal para cargar las denuncias y brindar la atención adecuada; el lugar de residencia de las víctimas, ya que requieren contar con recursos económicos para el traslado; asimismo, el que las mujeres tengan que ausentarse de sus lugares de trabajo y buscar quien cuide a sus hijos para radicar una denuncia.

Una primera aproximación que realizamos del funcionamiento la OVIF es que se trata de un espacio en el que circula una diversidad de identidades culturales y de géneros con múltiples características, y que no cuenta con el personal adecuado para atender esa diversidad; esto no está identificado por la psicóloga como obstáculo para el acceso a la justicia, aunque sí considera la necesidad de incorporar más personal para optimizar la carga de denuncias y por consiguiente la atención de las personas.

Observación situada en la Oficina de Violencia Familiar y de Género

Para una mejor comprensión de las características y funcionamiento de OVIF, procedimos a realizar un día de observación situada para identificar las particularidades del lugar, el flujo de circulación de demandantes, los tipos de violencia con los que se enfrentan, los tiempos de espera, el lenguaje utilizado, las modalidades de atención, la presencia de referentes sociales, las singularidades de las personas y sus imaginarios, aquellos generados a partir de la experiencia en esta institución.

Se realizaron las siguientes observaciones:

• La oficina no se encuentra identificada en el ingreso a la ciudad judicial; esto es, en la cartelería de distribución de los espacios, lo que dificulta su ubicación en la estructura de esta institución.

• Hay una ausencia de cartelería informativa y orientativa adecuada a las características de las personas que acuden a este servicio.

• Existen materiales comunicacionales referidos a los servicios de mediación, a las medidas sanitarias sobre SARSCoV2, COVID19, una imagen ilustrativa en representación a la violencia de género y la documentación que se debe presentar para hacer una denuncia. La información visualizada es precaria, en hojas A4 y en un único idioma, el español.

• Ausencia de material de folletería disponible para la población de justiciables.

• La ubicación de la oficina es en la planta baja del edificio judicial, cuenta con una sala de espera compartida con otras oficinas y consultorios.

• Prestan servicios cuatro profesionales que trabajan allí: dos abogados, una psicóloga y un “alguien” que se encarga de la atención en la ventanilla.

• La sala de espera resulta un lugar muy pequeño e incómodo para la cantidad de personas que circulan por allí, y guarda poca distancia con la ventanilla de atención personalizada. Ello ocasiona la pérdida de privacidad de la consulta y de los relatos de los y las denunciantes.

• Las usuarias no terminan de resolver sus problemas jurídicos en esta oficina, ya que deben dirigirse a diferentes sectores de la ciudad judicial.

• No se contempla el estado de vulnerabilidad en el que llegan las personas, ya que son derivadas a otras oficinas para buscar respuestas sobre el régimen de alimentos y visitas en el caso de involucramiento de menores de edad, lo que las obliga a desplazarse por los tres pisos del edificio.

• El lenguaje que emplea el personal de la oficina es de tipo técnico. Detectamos el uso de términos como “tipo de violencia”, “oficio”, “régimen de comunicación”, “régimen de alimentos”, “cuidado personal” y “acuerdos firmados”. Si bien estos términos —que son figuras jurídicas— trataban de ser explicados, resultaban de difícil comprensión para las personas.

• Se observó cansancio y desorientación en las personas, producto de las derivaciones hacia otras oficinas.

• En el transcurso de dos horas se atendieron a ocho personas con intervalos de tiempo variables que fueron desde 1 h 45 min para la toma de denuncia y elaboración de informes y de 15 a 20 min para las consultas y el asesoramiento.

• La atención se realiza por la ventanilla del interior de la oficina y de manera simultánea en la sala de espera.

• La manera de brindar la atención a los usuarios de la oficina es indebida por la falta de privacidad necesaria.

• Se registró la circulación de personas entre 23 y 45 años, sin empleo formal, beneficiarios de políticas públicas de asistencia, con familias numerosas, habitantes de los sectores urbanos y más alejados, y de comunidades indígenas.

• Denunciaron violencia física, psicológica y económica.

• De los relatos se desprenden comentarios sobre sus percepciones de la justicia. La describen como una institución burocrática, lenta, que no garantiza seguridad ni protección, sino que les genera una sensación de exposición y abandono.

Funcionamiento de Fiscalía de Violencia Familiar y de Género

La Fiscalía de Violencia Familiar se encuentra en el tercer piso del edificio judicial y está a cargo de la fiscal Martínez. Cuenta con un secretario y dos sumariantes que tienen formación en violencia de género (Ley Micaela). Su función consiste en recibir la noticia criminis, ya sea por anuncio o por denuncia, que puede ser recepcionada por la misma institución o provenir de las distintas comisarías de los municipios que están a su alcance.

Inician la investigación de los hechos para identificar al autor y comenzar con el proceso penal para llevarlo a juicio si existieran los elementos suficientes. Articulan acciones con la Secretaría de la Primera Infancia y la Niñez de la provincia, el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVic), el Hospital Juan Domingo Perón, la Subsecretaría de Asistencia Integral a la Víctimas de Delitos, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, y con intérpretes o miembros de comunidades indígenas.

No cuenta con un protocolo de actuación específico. La fiscalía interviene con estos actores cuando los involucrados son menores de edad, o cuando las víctimas se encuentran muy afectadas por los hechos, o los y las usuarias pertenecen a las comunidades originarias, o cuando los profesionales de la salud detectan indicadores de situaciones de violencia o abuso.

La fiscalía da tratamiento a todos los casos de violencia familiar y de género de una parte del distrito, ya que existe otra con sede en la ciudad de Embarcación. En particular, la fiscal Martínez reconoció que la violencia que más le preocupa es la que se da en el contexto familiar y el abuso sexual, delitos que afectan tanto a menores como a mayores de edad.

Son varios los casos de abusos simples o graves, para que se entienda con acceso carnal se dan más en las zonas más alejadas del eje urbano, con acceso son la mayoría. Hay muchos abusos simples calificados porque se dan en el entorno intrafamiliar, con el conviviente generalmente padrastro o tío que está en la misma casa (...) son los tocamientos por abuelos, hermanos, eso se da mucho en general en todos lados. (Fiscal Martínez4)

Con respecto al funcionamiento del sistema de justicia y los posibles obstáculos que puede representar para las personas damnificadas, identifica la cantidad de veces que son citadas las víctimas por distintas oficinas y en diferentes fechas. Además de su revictimización, ello les genera un gasto económico que muchas veces no pueden afrontar.

Desempeño del Juzgado de Violencia Familiar y de Género

El Juzgado de Violencia Familiar y de Género está a cargo de la jueza Menéndez. Trabaja con un equipo integrado por dos secretarías y doce empleadas y empleados administrativos, quienes son capacitados permanentemente de acuerdo con los casos que enfrenta el juzgado. Su trabajo consiste en proteger a las víctimas de violencia familiar o de violencia de género, teniendo la misión de adoptar todas las medidas que sean necesarias para cesar con la violencia que padecen.

Las medidas que se toman dependen del protocolo de actuación aprobado en el año 2018 con la Ley 7888 de Protección Contra la Violencia de Género, en la que se establecen las funciones de la OVIF, las del psicólogo, las del trabajador o la trabajadora social, de los prosecretarios, y el curso que deben seguir los expedientes. De dicha intervención se obtiene un diagnóstico previo sobre el contexto de la víctima, los implicados (niños y niñas a cargo), las condiciones en las que vive, y si representa un lugar seguro para ella.

El juzgado no cuenta con un diagnóstico general sobre el estado de la problemática de violencia familiar y de género, pero a pesar de ello la jueza Menéndez manifiesta que

… [es] posible identificar desde la experiencia que las personas afectadas son individuos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad económica y educativa, siendo un 50 % mujeres entre los 18 y 30 años de edad, un 40 % niños y niñas y un 10 % de hombres. (Jueza Menéndez5)

Se intenta establecer un trabajo de articulación para el abordaje de las violencias, compuesto por la Secretaría de la Primera Infancia, Niñez y Familia de la provincia, intérpretes de idiomas indígenas, los hospitales del distrito, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Adultos Mayores.Si bien no es una red sólida, resulta pertinente su funcionamiento en casos de violencia o de abuso que involucran a menores de edad, adultos mayores o personas de pueblos originarios.

Digamos que de manera local funciona (...) otras veces no, los problemas de salud mental que es un verdadero desastre porque tenés chicos y chicas para mandarlos por cuestiones de salud y no los reciben en el hospital porque no hay lugar, no hay médicos adecuados. (Jueza Menéndez6)

Este problema también afecta a las víctimas de los pueblos indígenas porque el juzgado no cuenta con personal bilingüe de planta para acompañar estos casos y, en ocasiones, los traductores que están inscriptos en la corte de justicia no están disponibles por razones económicas, ya que legalmente no tienen dependencia laboral con el distrito de justicia.

Con relación a los condicionamientos que puede representar el actual funcionamiento de justicia y las características sociodemográficas de las personas, la jueza expresa:

El poder judicial no es un obstáculo porque es una decisión de la víctima realizar la denuncia y tiene a disposición los canales para hacerlo (comisarías, OVIF, defensorías, juzgados, [líneas] 144 y 911). Pero las condiciones de vida de las víctimas pueden ser un condicionante para el acceso a la justicia porque no les permiten identificar los hechos de violencia, ya que los tienen naturalizados. (Jueza Menéndez7)

Advertimos que para la jueza el sistema de justicia no representa ningún tipo de barrera de acceso para las víctimas, sino que para ella el verdadero problema de acceso reside en la falta de percepción de los hechos de violencia, por lo que considera que es relevante avanzar e insistir en la prevención y en las instancias de acompañamiento psicológico. Tampoco logra visualizar las condiciones sociodemográficas de las víctimas (como la edad, el lugar de residencia o el nivel de ingresos económicos) como un obstáculo para acceder a la justicia.

Iniciativas de los ejecutivos de los municipios que componen el Distrito Judicial del NorteTartagal

Siguiendo los postulados que sostiene la Ley Nacional 26485 de Protección Integral de las Mujeres, la Ley 7403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar, y la Ley 7888 de Protección contra la Violencia de Género —que involucran a los distintos organismos de la sociedad civil en el abordaje de la violencia de género—, en los siguientes apartados profundizaremos en las acciones impulsadas desde el Poder Ejecutivo de los municipios de General Enrique Mosconi, Tartagal y Salvador Mazza. En particular nos interesa relevar las acciones de prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia implementadas, los protocolos de actuación diseñados y las estrategias de fortalecimiento de los vínculos familiares elaboradas.

Dirección de Asuntos de la Mujer y la Diversidad de Tartagal: se creó por resolución municipal el 10 de diciembre de 2019, está a cargo de una directora que no cuenta con un equipo técnico, pero que tampoco tiene claro los objetivos de esta oficina; ya que manifiesta que nace como una necesidad de poder contar con un lugar donde las mujeres puedan acudir ante situaciones de violencia.

En esta dirección se trabaja con la implementación de programas nacionales, como el Potenciar Trabajo y el Acompañar, que actualmente tienen alrededor de 800 mujeres beneficiarias, de las cuales el 90 % corresponden a la ciudad de Tartagal y el resto a mujeres de los demás municipios del departamento General San Martín. También realizan tareas de atención ciudadana, brindan información sobre los lugares donde se pueden realizar las denuncias por violencia de género y dictan cursos de corte y confección, panadería, pastelería y peluquería, que tienen una participación de aproximadamente 45 mujeres.

Con relación al perfil de las víctimas de violencia, los tipos de violencia que las afectan, el funcionamiento del sistema de justicia y los condicionantes con los que se enfrentan los y las demandantes para acceder a ella, esta directora manifiesta que no tienen un perfil definido sobre las usuarias. Considera que las edades oscilan entre los 20 y los 65 años, y que son provenientes de familias con antecedentes de violencia. Además, considera que estas mujeres son alcanzadas por la violencia física y psicológica.

Con relación al funcionamiento de la justicia manifiesta que tiene muchos vicios, que no están capacitados en materia de género y que es patriarcal.

Con respecto a los aspectos sociales y culturales de las víctimas, que pueden ser condicionantes para el acceso a la justicia, hace una diferencia entre las mujeres originarias y las del centro urbano; sostiene que es más complicado para las mujeres indígenas porque la justicia es racista, no habla su idioma y los traductores que facilitan el contacto por lo general son hombres.

De este testimonio podemos percibir que es una oficina que no cuenta con equipo técnico, que sus acciones en políticas públicas son superficiales, que las barreras para el acceso están en la falta de perspectiva de género por parte de los magistrados y en la ausencia de traductores bilingües para las mujeres que denuncian.

Dirección de la Diversidad de Género Municipio de Salvador Mazza: este sector está a cargo de una persona, Gianotti, quien trabaja con una persona más. Ambas se autoperciben no binarias y con formación en perspectiva de género. Es una oficina que no cuenta con objetivos ni estrategias de intervención, tampoco con diagnósticos sobre la violencia de género en el municipio; ya que responsabiliza al área de minoridad y familia —se estima que se refiere a la Secretaría de la Niñez y la Familia—. Realizan acompañamiento en los casos de violencia que llegan a la oficina y en causas que están judicializadas. No cuenta con presupuesto, por lo que apelan a la militancia de las causas.

Con relación a los tipos de violencia que más afectan a las mujeres y sus percepciones sobre el sistema de justicia y los obstáculos para acceder a ella, Gianotti sostiene que es la violencia económica la que más alcanza a las mujeres, porque el 80 % que sufre violencia de género depende económicamente de su pareja.

A su vez entiende que el sistema de justicia es lento, superficial, patriarcal, por lo que “debería despatriarcarse, fundamentalmente” (Gianotti8).

No existen los instrumentos a nivel Estado como para poder acompañar a una persona de escasos recursos que esté viviendo esta situación, una terapia, por ejemplo, un psicólogo, un asistente social; siempre tenemos que depender de Tartagal o de Salta y el caso de muchas víctimas no tiene la accesibilidad para poder trasladarse a Salta capital y tener una terapia. (Gianotti)

De este testimonio puede inferirse la falta de claridad con respecto a la función que cumple el Poder Judicial en relación con la violencia de género, ya que su solicitud hace referencia a la falta de programas o políticas públicas que brinden asistencia tanto psicológica como social y económica, puntualmente dentro del municipio de Salvador Mazza.

En referencia a las características sociodemográficas de las demandantes, piensa que sí son un problema para acceder a la justicia; porque demandan el traslado de las y los usuarios y, por consiguiente, los recursos económicos para hacerlo.

Vos tenés una persona que tiene que trasladarse a la ciudad de Tartagal, necesita dinero para pasajes solamente para ir a poner la denuncia. (Gianotti9)

Sostiene que el abordaje de la problemática debería plantearse desde Nación como una red que involucre el área de educación, de desarrollo humano y de derechos humanos, que cuente con financiamiento para comenzar, como capacitaciones para docentes en Educación Sexual Integral (ESI) que no estén influenciadas por inclinaciones religiosas o políticas, sino que sean “neutras”.

Acciones legislativas para el abordaje de la violencia de género

Uno de los objetivos de la investigación era conocer el tratamiento de la problemática de violencia de género en los municipios que componen el Distrito Judicial del Norte, el lugar que ocupa en las agendas legislativas, las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las víctimas alcanzadas por este delito y si son reconocidas por el cuerpo de concejales, y sus percepciones sobre el funcionamiento del sistema de justicia. Para ello recurrimos a entrevistar a un representante de los distintos concejos deliberantes: Mosconi, Tartagal y Salvador Mazza.

Concejo Deliberante del Municipio de General Enrique Mosconi: la concejal y actual presidenta del Concejo, Guerrero Palma, sostiene que si bien cuenta con algunas capacitaciones en materia de perspectiva de género, su mayor formación proviene desde la práctica, que es la que le posibilita establecer vínculos con el movimiento de mujeres autoconvocadas para conocer su realidad.

Consultada por el área de género del concejo deliberante, las ordenanzas vigentes en el municipio para el tratamiento de la violencia de género, y las iniciativas de proyectos de ordenanza, declaración y resolución impulsadas por el cuerpo de concejales, manifiesta que el ejecutivo municipal no cuenta con un área de género o políticas públicas destinadas a atender estas situaciones. El Concejo Deliberante sí tiene una comisión de la mujer desde donde se está gestionando la aplicación de la Ley Micaela y la implementación de políticas públicas nacionales en el territorio, la creación del cupo laboral para personas víctimas de la trata de personas, y la creación de la Oficina de la Mujer y la Diversidad.

Sobre las poblaciones más afectadas y los tipos de violencia que predominan, advierte que es un hecho que atraviesa a la sociedad en general; pero que se profundiza en las comunidades originarias porque allí predomina el modelo de familia patriarcal. Expresa que los territorios indígenas están atravesados por una práctica de violencia sexual nombrada “chineo”, que es la violación de las niñas y mujeres originarias, por lo que considera que es necesario intervenir para lograr sociedades interculturales libres de violencia.

En cuanto a los condicionamientos que representa la justicia, piensa que el personal es insuficiente y poco comprometido con las responsabilidades asignadas y los tiempos que maneja esta institución; estos son obstáculos para al acceso de las víctimas ya que la atención es tardía, los procedimientos son muy extensos, generan desgastes y no proporcionan respuestas inmediatas.

Sobre el acceso a la justicia considera que las características sociodemográficas son un impedimento para las personas, porque llegar al edificio de la ciudad judicial requiere del desplazamiento de las mujeres y de sus hijos y, por consiguiente, de recursos económicos para hacerlo. Como alternativa para resolver esta dificultad, propone la figura del defensor itinerante y la instalación de una sede de la fiscalía que sea receptora de la problemática, que maneje una base de datos para poder informarles a las personas sobre el estado de su trámite y qué documentación deben llevar para la siguiente instancia.

Concejo Deliberante de Tartagal: la entrevista se realizó al concejal Restom, quien ha realizado capacitaciones sobre violencia de género y su abordaje. Con relación al lugar que ocupa el tratamiento de la problemática en el legislativo local, él lo define como “deficiente”. Desde su espacio se elevaron dos proyectos que proponían la creación de la Comisión de Género y Diversidad, la implementación de una mesa interpoderes para el abordaje de la violencia y la promoción de la igualdad en la localidad de Tartagal. Estos proyectos fueron derivados a distintas comisiones que aún no emitieron un dictamen.

Del perfil de las personas afectadas por la violencia de género, explica que esta problemática está presente en toda la sociedad, alcanza a mujeres y hombres, se agudizó durante la pandemia provocada por el virus SARSCoV2, COVID19, lo que tuvo como consecuencia la pérdida de los ingresos económicos que derivaron en situaciones conflictivas. También hace una diferenciación entre la violencia que se produce en contextos urbanos y la que tiene lugar en las comunidades indígenas.

Con respecto al funcionamiento del sistema de justicia y las características sociodemográficas de los y las usuarias como condicionantes para acceder a la justicia, manifiesta que el Poder Judicial es anticuado, desactualizado, burocrático y lento; sigue vigente el expediente en papel. El concejal no logra visualizar a la justicia como un condicionante de acceso para las víctimas, tampoco cree que las condiciones de vida de las personas sean un obstáculo para llegar a ella. Propone como estrategia para disminuir los tiempos de los procedimientos contar con estadísticas adecuadas y avanzar en la incorporación de tecnología y de sistemas de gestión en el Poder Judicial.

Concejo Deliberante de Salvador Mazza: el concejal Zubelza manifiesta que no cuenta con formación institucional en perspectiva de género y que sus conocimientos provienen de la experiencia, del contacto con las personas y del trabajo en territorio que le permite conocer el sometimiento que viven las mujeres.

En relación con el tratamiento legislativo que tiene esta problemática, sostiene que en el Concejo nunca tuvo protagonismo, por lo que se encuentra en un estado de abandono. Es decir que el Concejo Deliberante no cuenta con una comisión de asuntos de la mujer, tampoco se presentaron proyectos sobre este tema. Manifiesta que con su equipo están trabajando en un documento para avanzar en el armado de una comisión que se ocupe de las problemáticas de las mujeres.

Yo creo que para que esto tenga solución hay que buscarle una salida a la mujer para que ella sea económicamente independiente y no dependa de alguien, porque son sometidas constantemente. Como viven de lo que les da el marido, agachan la cabeza. (Subelza10)

Este funcionario considera que el mayor tipo de violencia que afecta a las mujeres es la económica. Puesto que dependen de los ingresos de sus parejas, eso las lleva a tener que soportar vivir en esas condiciones. Agrega que hay mujeres a quienes las obligan a no cuidarse, a tener hijos, por lo que las mujeres no solo sufren violencia económica sino también sexual y reproductiva; no son libres de utilizar métodos anticonceptivos o decidir si quieren ser madres —‍aunque el concejal no logró visualizarlo en estos términos—.

Sobre las instituciones que abordan el tema, las poblaciones más afectadas, sus apreciaciones sobre el Poder Judicial, los obstáculos con los que se enfrentan las víctimas de violencia para acceder a la justicia y su propuesta de tratamiento, Zubelza expresa que no tiene conocimiento sobre oficinas que trabajen alrededor de esta problemática, que la violencia afecta tanto a mujeres como a hombres golpeados, y que la justicia representa un problema para ambos porque es lenta. Agrega que esto desanima a las mujeres y que, por su parte, los hombres no son tenidos en cuenta para denunciar.

No cree que las condiciones de vida de las personas sean un problema para acceder a la justicia; la dificultad radica en la relación de amistad que mantienen los oficiales policiales con los maridos de las víctimas. Propone crear un centro para la problemática que cuente con asistencia psicológica y orientación laboral para la independencia económica de las mujeres.

Acciones sostenidas desde instituciones públicas para el abordaje de la violencia de género

Área de Género, Feminismo y Disidencia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), sede regional Tartagal (SRT): se creó a fines del año 2019 en la Facultad de Humanidades (Salta). La coordinación está integrada por docentes de las carreras de la Facultad en sede capital y Tartagal, cuenta con dos personas que coordinan en Salta y una en la SRT. Dialogamos con la doctora Ortega y la licenciada Tejerina, ambas docentes de la SRT. Se trata de un área para la construcción de conocimiento situado de esta problemática.

Con relación a la detección de los casos de violencia de género en la institución, ambas docentes afirman tener conocimientos de que esto sucede, aunque aclaran que el área no recepciona denuncias.

Se pueden destacar situaciones de estudiantes acosados por compañeros, estudiantes acosadas por personal de la universidad o por los docentes. (Tejerina11)

En este sentido, manifiestan que el estudiantado se enfrenta a situaciones de acoso de parte de docentes y estudiantes, reconocen prácticas de violencia simbólica como el insulto y el menosprecio de las capacidades intelectuales de las mujeres y de las disidencias, prácticas de discriminación hacia personas trans, travestis, y una escasa cooperación docente que impide activar mecanismos para denunciar el acoso.

Sobre el mayor nivel de violencia en la zona que afecta a la población, consideran que está atravesada por las cuestiones de clase, por la vulnerabilidad económica, por la pobreza y la desocupación, y que es violencia institucional, económica y física.

Podríamos pensar que son las violencias sobre las poblaciones originarias, violencias de discriminaciones raciales en hospitales, la violencia hospitalaria que vive la población indígena. Hay una eclosión de desigualdades y violencias que atraviesan los cuerpos de las mujeres en disidencias indígenas que no podría tipificar, el despojo territorial, la salud vinculada a lo que son las fumigaciones, las condiciones precarias ambientales. (Ortega12)

En relación con el funcionamiento del sistema de justicia, manifiesta que garantizar el acceso a la justicia no es solo responsabilidad del Poder Judicial, sino que depende de otras oficinas que puedan promover mejores canales de comunicación para que la gente entienda dónde tiene que ir o cómo es el proceso para hacer una denuncia.

Sobre las condiciones que pueden representar un obstáculo por parte del actual funcionamiento de la justicia y las características sociodemográficas de las personas, sostienen que no hay una articulación entre el proceso judicial y la vida de las víctimas porque se produce la victimización y la burocracia; existe un sentido común construido alrededor de la justicia por lo que se la concibe como burocrática y transmite una sensación de desprotección a la víctima. El espacio físico y los tecnicismos son ubicados como condicionantes.

Se evidencia una visión profunda sobre la problemática presente en los contextos universitarios bajo la modalidad de acoso sexual de docentes hacia estudiantes y de violencia simbólica que opera mediante de la desacreditación de capacidades. La concepción sobre el sistema de justicia está asociado a su burocratización, que deja de lado a la víctima, y los condicionantes de acceso se representan materializados en el diseño de su infraestructura y el lenguaje técnico.

Unidad Regional N.° 4, Policía Comunitaria Tartagal: En esta unidad regional de la policía de Tartagal hay una sección de prevención comunitaria dependiente de la Dirección General de Estrategia Policial, que está a cargo de la oficial Álvarez. Se creó en el año 2006, a través de los diferentes proyectos que nuclean líneas de acción que se dividen entre operadores comunitarios, violencia familiar y de género y la policía infantil. Su función principal es llevar un registro estadístico sobre los expedientes que ingresan del juzgado, las denuncias que realizan las víctimas, la cantidad de botones antipánico —en el caso de que existan—, las consignas ambulatorias y personalizadas que se van cumpliendo, los registros de datos de las víctimas y la realización de actividades de sensibilización sobre la violencia. Los operadores están capacitados para recepcionar las denuncias, detener al agresor, trasladar a la víctima hacia el hospital para asistencia médica y hablar con la fiscalía de género o con el juzgado de violencia para solicitar asistencia psicológica. La policía funciona como auxiliar de la justicia y trabaja en forma conjunta para asistir a las escuelas y al hospital cuando se producen casos de violencia dentro de estas instituciones.

En cuanto al tipo de violencia que más afecta, la oficial menciona los abusos sexuales en niños y niñas como una problemática que se encuentra en ascenso y que se produce sobre todo los fines de semana, las fiestas de fin de año, el Día de la Madre, el Día del Padre.

Las características de las personas que denuncian son mujeres desde la adolescencia hasta la mayoría de edad, aproximadamente hasta los 60 años, de contextos urbanos y de comunidades alejadas.

Sobre el funcionamiento del sistema de justicia sostiene que no representa ningún tipo de condicionante para su acceso, ya que todos pueden manifestar conocimiento sobre hechos de violencia en la fiscalía o en las agencias de policía. Para ella el problema radica en la falta de involucramiento de la sociedad, hay personas que están en conocimiento de los hechos pero no los dan a conocer, y eso las convierte en cómplices y va retrasando la solución que se le puede dar al machismo.

Con relación a las características de las personas, su pensamiento, su formación, sus modos de vida, que pueden llegar a ser un condicionante para que realicen la denuncia o lleguen a la justicia, la oficial Álvarez expresa:

Cualquier persona puede hacer una denuncia o dar a conocer. No se tiene que sentir condicionado y eso es lo que hay que darle a conocer, que tenga libertad y que cumpla con su derecho y que no se sienta condicionada. (Álvarez13)

Se puede decir que la policía comunitaria es una aliada fundamental para el sistema judicial, está capacitada tanto para recepcionar denuncias como para actuar en situaciones de violencia. Identifica a la violencia sexual como la que más afecta a niños y niñas en contextos familiares mediados por el consumo de alcohol. Se puede inferir que, pese a ser parte del personal formado en perspectiva de género, la entrevistada no logra visualizar barreras de acceso a la justicia tanto a nivel estructural como a nivel de las características de las personas víctimas.

Comisaría 40 de Salvador Mazza: el área de género de la comisaría 40 del municipio de Salvador Mazza está a cargo de la cabo Humacata, quien se desempeña como la única operadora de violencia de género. Como tal, su trabajo consiste en contener a la víctima, aconsejar y asesorar sobre qué puede hacer ante un hecho de violencia que está sufriendo.

En cuanto al protocolo de actuación, este consiste en una explicación sobre cómo hacer la denuncia, las medidas que se pueden tomar y el acompañamiento de la mujer.

Por otra parte, considera que el sistema de justicia actúa bien, por las medidas que dicta y porque dispone de otras oficinas donde se pueden citar a los y las afectadas para recibir orientación, asesoramiento y contención, lo que sería el “servicio de asistencia a la víctima”. También mantiene contacto con oficinas municipales para solicitar ayuda que les permita contener a la víctima en el caso que no tenga para darles de comer a sus hijos, o que les falte algo.

Por otro lado, consultada por los condicionantes que pueden representar las características sociodemográficas de las personas alcanzadas por este delito, no logra visualizar obstáculos; ya que el juzgado se puede comunicar con la víctima por teléfono o enviando personal policial a su domicilio:

Cuando el juzgado notifica, en las cédulas figura un teléfono para que se pueda comunicar y avisar la situación, si no pueden ir por falta de plata, el juzgado solicita la conducción y el personal policial hace la conducción de esa persona. (Humacata14)

Por último, la cabo piensa que la problemática de la violencia de género se puede mejorar con acciones de prevención, como por ejemplo las charlas en la comunidad con otras instituciones. Además, sostiene que una de las causas de la violencia es el alcoholismo en los hombres, por lo que sería conveniente establecer reuniones con el grupo de alcohólicos anónimos ubicado en la sede de Cáritas.

Podemos inferir que el municipio de Salvador Mazza no cuenta con el personal suficiente para atender a toda la población, la que se encuentra afectada en mayor medida por la violencia económica. La oficial capacitada en perspectiva de género no reconoce obstáculos para el acceso a la justicia tanto a nivel judicial como personal de las víctimas. Es decir, considera que la justicia tiene un trabajo articulado con otras dependencias que le permite brindar la asistencia psicológica y económica que las víctimas requieren, y que su traslado hacia la ciudad judicial en caso de no contar con los recursos económicos está garantizado por el personal policial.

Iniciativas de organismos no gubernamentales

Como otro objetivo de investigación, se mapeó las organizaciones de la sociedad civil que realizan algún tipo de abordaje sobre la violencia de género en los municipios que componen el Distrito de Justicia del Norte. Obtuvimos aportes que realiza el movimiento de la Ex Mesa de Género de Tartagal, el Frente Marea de la agrupación “Somos Barrios de Pie” (Tartagal), el área de género de la Organización Corriente Clasista y Combativa (Salvador Mazza) y la Asociación Civil La PachaLab.

ExMesa de Género Tartagal: se creó en el año 2018 bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad y su funcionamiento se extendió hasta el año 2019. Esta mesa estaba integrada por organizaciones estatales, como la de Atención Primaria de la Salud (APS) Tartagal; movimientos sociales como “La Dignidad”, “Somos Barrios de Pie”, Corriente Clasista y Combativa (CCC); instituciones públicas, entre las que se pueden mencionar a la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal, el Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino (CISEN), el Hospital Juan Domingo Perón, agentes sanitarios, el juzgado, la Defensoría y la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial. La mesa nació con el objetivo de coordinar acciones interinstitucionales que permitieran optimizar la atención y la asistencia de las personas que se encontraban atravesando una situación de violencia.

Dejó de funcionar en el año 2019 de manera institucional por el cambio de gobierno local, actualmente es un espacio sostenido desde la organización social “La Dignidad”, por mujeres sobrevivientes de la violencia de género, no cuenta con un registro o diagnóstico zonal sobre la problemática de violencia de género, tiene escasos recursos.

Sus integrantes realizan tareas de acompañamiento en casos de violencia de género, como la ejercida por las fuerzas policiales en desalojos de comunidades originarias, o la de un caso de violencia sexual en dos niñas —en el que buscaron conseguir la liquidación de la asignación universal y la recuperación de sus pertenencias—.

Nuestra entrevistada, Fernández, manifiesta que la violencia física y sexual es la que más afecta a las mujeres y niñas, y que tiene impacto en todo el territorio, pero se profundiza en los sectores más precarizados como los pueblos originarios.

Sobre los condicionantes de acceso a la justicia con los que se pueden enfrentar los y las demandantes, sostiene que el funcionamiento de la justicia puede ser un obstáculo debido al proceso repetitivo del relato de la víctima, ya que tiene que pasar por la OVIF, la Defensoría de Violencia de Género y la psicóloga, lo que genera su revictimización.

Y esto que te dicen de no revictimizar lo hacen todo el tiempo, en cada una de las oficinas de los organismos que recorre la víctima, porque no hay un abordaje integral ya que lo que va por violencia de género, no lo conectan con lo civil y el reclamo de los alimentos. (Fernández15)

Considera que las características de las personas son una barrera para acceder a la justicia, ya que el proceso judicial es largo, agotador y por consiguiente requiere que las mujeres cuenten con los recursos económicos, que muchas veces no tienen, para sostenerlo en el tiempo.

Se puede identificar una lectura superficial de la problemática. Abordan algunos casos con acciones de acompañamiento a la justicia y de gestión por la asistencia alimentaria.

Movimiento Somos Barrios de Pie - Frente Marea Tartagal: se definen como promotoras de género. Fueron formadas por nación con capacitaciones para integrantes de movimientos sociales y también por los saberes que les proporciona la experiencia. Su trabajo consiste en realizar el acompañamiento de las víctimas y algunas de ellas son parte del movimiento. Tratan de ayudarlas a contactarse con la policía para hacer las denuncias, a buscar asistencia psicológica y económica para que puedan salir de la situación de violencia.

En cuanto a las poblaciones más afectadas y sus apreciaciones sobre el funcionamiento del sistema de justicia, no tienen identificada una población en particular. Sostienen que el tipo de violencia que más se presenta es la física y la económica. Consideran que el actual funcionamiento de la justicia representa un obstáculo porque es lenta, burocrática, deriva a distintas oficinas o secretarías, pero no resuelve el problema. Piensan que una manera de mejorar estos inconvenientes es con la implementación de la Ley Micaela y la generación de espacios para la atención de las víctimas.

Corriente Clasista y Combativa (CCC) - Área de Género y Diversidad de Salvador Mazza: se entrevistó a Gareca, la actual coordinadora del área de género, para conocer su trabajo, sus percepciones sobre la violencia, los tipos y las poblaciones que más se ven afectadas, sus apreciaciones sobre la justicia y los condicionantes de acceso con los que se enfrentan las víctimas. Relata que el área de género y la diversidad dentro de la organización está funcionando desde el año 2018, está compuesta por nueve personas con formación en perspectiva de género —capacitación brindada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad— que las acredita como promotoras territoriales.

Realizan actividades vinculadas a la visibilización de la violencia de género y la sensibilización ante esta problemática en el municipio, que se organizan en el marco de fechas representativas como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; el 3 de junio, día conmemorativo a la primera marcha “Ni Una Menos”; el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. Estas actividades se materializan en marchas, talleres, stands expositivos y representaciones artísticas (inauguración del banco rojo, grabación de un cover de la canción Ni una menos y la creación de un mural).

Realizan acciones de acompañamiento a mujeres que se encuentran en situación de violencia para realizar la denuncia, y articulan con el área de la mujer de la Comisaría 40 como estrategia para efectivizar este derecho. En algunas ocasiones efectuaron acompañamientos en instancias judiciales. En esos casos intervienen desde la orientación, la articulación y la colaboración económica, por ejemplo, para pasajes para que las mujeres puedan trasladarse hacia la ciudad judicial y continuar con los procedimientos.

Piensan que los mayores tipos de violencia que afectan a las mujeres son la violencia física, la psicológica y la económica, y que esta última se refleja en la cantidad de madres maternando solas.

Expresan que el funcionamiento del sistema de la justicia es lento, repetitivo, y que demanda asistir en varias oportunidades al edificio judicial, lo que dificulta y desgasta emocionalmente a las mujeres. Otro obstáculo es la ausencia de acompañamiento psicológico y la poca concurrencia (una vez por semana) del abogado dependiente de la justicia al municipio.

Asociación Civil PachaLab Salta: es una propuesta andina de creación humana amorosa, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las mujeres por medio de proyectos socioculturales y socioeducativos, y promueve la participación ciudadana y la creación colectiva. Trabajaron sobre un proyecto que buscaba generar iniciativas para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas, que se ejecutó en el año 2021 en el departamento General San Martín, en los municipios de Tartagal y Mosconi. La finalidad era mejorar el acceso de las mujeres a los servicios que atienden la problemática de la violencia de género. Aquí conversamos con dos integrantes de este equipo, Ávalos, presidente de la asociación y Reynaga, secretaria.

Comentan que en el marco de sus actividades lograron identificar características de las mujeres alcanzadas por este delito, son personas en situación de vulnerabilidad social, con hijos, sin trabajo y viven en un núcleo familiar de reproducción de la violencia. Los tipos de violencia que más las afectan son la intrafamiliar, la física, la psicológica, la económica y la institucional, esta última es ejercida por personal de los hospitales y de la policía, a quienes —consideran— les falta formación con perspectiva de género.

Del funcionamiento del sistema de justicia comentaron que cuentan con traductores bilingües, pero tiene algunas dificultades para contar con folletería en lengua indígena, lo que se manifestó como una necesidad de las mujeres para mejorar la comunicación con el sector judicial.

Entienden que el proceso de la justicia es largo y deriva en la revictimización de las mujeres, en el transcurso de ese periodo las víctimas y sus familiares no reciben acompañamiento por parte de esa institución, lo que podría leerse como otro obstáculo para acceder a este derecho. Registraron que las condiciones sociodemográficas de las personas son un condicionante para el acceso a la justicia, entre los que mencionan como principales barreras al idioma y a la cultura —‍en el caso de los pueblos originarios—, debido a que en estos escenarios las mujeres no pueden denunciar porque la comunidad las señala.

Otro obstáculo identificado es la distancia geográfica, ya que el Poder Judicial está centralizado; esto implica que los habitantes de las comunidades más alejadas se tienen que trasladar aproximadamente 80 km para poder llegar a sus instituciones.

Consideran que el sistema de justicia tiene que conectarse más con el territorio y establecer lazos de proximidad y confianza. Plantean la necesidad de implementar centros de contención para mujeres sobrevivientes de violencia de género, mejorarles el acceso a todos los servicios, capacitar al personal que las atiende en materia de sociabilización e idioma indígena, y avanzar bajo la línea de autonomía económica y masculinidades.

Conclusión

A lo largo de esta investigación estuvimos en contacto con una serie de documentos (Ley Nacional 26485 de Protección Integral de las Mujeres, Ley 7403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar, Ley 7888 de Protección contra la Violencia de Género) y relatos de distintos actores. Esto nos permitió acercarnos a nuestros objetivos de investigar los obstáculos de acceso a la justicia con los que se enfrentan las víctimas de violencia de género. Dichos relatos pertenecen a las distintas áreas del Poder Judicial que intervienen en esta problemática (OVIF, fiscalía y juzgado), sectores del Poder Ejecutivo (direcciones), concejales del Poder Legislativo, instituciones públicas y organismos no gubernamentales.

Tanto a nivel nacional como provincial contamos con normativas actualizadas con respecto a la violencia de género que dieron lugar a la creación de la fiscalía, el juzgado y la Oficina de Violencia Familiar y de Género, y que plantean que esta problemática es transversal a los demás organismos de la sociedad civil, por lo que le asignan responsabilidades de tratamiento propias.

A nivel territorial notamos que su implementación presenta dificultades para dar respuesta a una población extensa y heterogénea como es la que reside en los municipios y localidades que integran el Distrito Judicial del Norte, circunscripción Tartagal. Es posible advertir que las oficinas dependientes del Poder Judicial articulan acciones con otras instituciones gubernamentales, pero no es una red sólida y tampoco existe un protocolo de actuación que delimite las funciones de cada parte; por el contrario, los contactos son frágiles y ocurren en determinadas ocasiones.

Existe una ausencia de personal bilingüe, pese a que el distrito es multicultural y pluriétnico, así como de intérpretes de lenguas de signos que puedan atender a la población sordomuda. También está ausente la cartelería informativa con lenguaje sencillo y con diseños atractivos, en distintos idiomas, y que sea de fácil comprensión para las diferentes poblaciones.

La Oficina de Violencia Familiar y de Género no está señalizada en el ingreso del edificio judicial y se dificulta encontrar su ubicación; la distribución de las oficinas que intervienen en estos casos no facilita el desplazamiento de las víctimas, por lo que tienen que recorrer los tres pisos de la institución para completar un trámite.

De la identificación de los organismos gubernamentales y no gubernamentales que tienen la responsabilidad de brindar algún tipo de respuesta a las personas alcanzadas por los delitos de violencia de género, podemos decir que, salvo algunas excepciones como el área de género de la UNSa y la Policía Comunitaria de Tartagal, no hay avances significativos y tampoco tienen en claro el alcance de sus funciones.

Del ámbito ejecutivo, tres municipios del distrito Norte cuentan con oficinas dedicadas a las temáticas vinculadas con la mujer, el género y las diversidades: Salvador Mazza y Tartagal. Embarcación también cuenta con una oficina, pero no logramos establecer contacto con su responsable.

Es de valorar como positivo y como un avance importante la existencia de las oficinas de la mujer, pero ninguna de las dos relevadas dispone de un diagnóstico de situación local sobre las mujeres en situación de violencia, tampoco están definidos sus objetivos, no cuentan con presupuesto, no disponen de equipos técnicos y tampoco elaboraron políticas públicas municipales. Se remiten a trabajar con la implementación de programas nacionales.

En el ámbito legislativo podemos decir que el conocimiento de la problemática es insuficiente y superficial, por lo que no forma parte de las agendas de gobierno. El único municipio que logró avanzar en la creación de una comisión de la mujer dentro del Concejo Deliberante fue General Enrique Mosconi, mientras que el Concejo Deliberante de Tartagal presentó proyectos para la creación de esta comisión y de una mesa interpoderes, pero aún no ha tenido tratamiento parlamentario. Salvador Mazza no cuenta con ningún antecedente al respecto.

En el caso de las organizaciones sociales, la situación es bastante parecida al ejecutivo y al legislativo: no cuentan con un diagnóstico local sobre el estado de la problemática ni con presupuesto, ni con el equipo técnico con las formaciones requeridas para implementar líneas de acción sostenidas, por lo que su función se reduce al acompañamiento en algunas causas para lograr un contacto con la justicia o a brindar la contención que se requiere.

Con relación al área de género, instituciones como la Facultad de Humanidades de la UNSa, sede regional Tartagal y la Policía Comunitaria tienen, según hemos advertido, un conocimiento más próximo a la realidad sobre la problemática, como así también de los alcances de sus acciones.

La policía comunitaria tiene mucha presencia en territorio en acciones de sensibilización, aplicación y seguimiento de las consignas policiales; mas no logra visualizar obstáculos estructurales de acceso a la justicia.

Respecto de los principales problemas jurídicos o del tipo de violencia que afecta a las mujeres, fueron determinantes las respuestas de los distintos actores que identifican a las violencias sexual, económica, física, psicológica, doméstica, intrafamiliar, simbólica e institucional como las que más les preocupan.

Sobre el perfil de las víctimas, advertimos que ninguna de las instituciones o de los organismos dispone de un trabajo que lo aproxime o lo defina, las respuestas fueron muy generales o los rangos etarios muy amplios. Esto nos permitió extender nuestra visión respecto de los alcances de esta problemática que llega hasta niños y niñas, porque los hechos de violencia se producen en mayor medida en contextos familiares mediados por el consumo de alcohol y drogas. Muchas de las personas entrevistadas coinciden en que la situación se agudiza en escenarios indígenas no solo por cuestiones culturales, formativas y de distancia que no les permiten efectivizar una denuncia, sino por inacción del Estado para poder garantizar este derecho.

Respecto de los obstáculos de acceso a la justicia logramos identificar condicionantes tanto estructurales como sociodemográficos propios de los y las usuarias. En los estructurales se señalaron como barreras la falta de intérpretes indígenas y del lenguaje de señas, y los procedimientos judiciales que separan los aspectos civiles de los penales cuando son las mismas personas quienes los padecen. En esta categoría también se ubican la revictimización de las demandantes, la falta de perspectiva de género y de interculturalidad en los operadores de justicia, la ausencia de acompañamiento psicológico, el diseño de una arquitectura imponente y los tecnicismos del lenguaje jurídico.

En cuanto a las características sociodemográficas que se registraron como condicionantes, se identificaron el lugar de residencia, el idioma, la (in)capacidad económica y la formación para reconocer un problema jurídico.

Las apreciaciones y significaciones que giran en torno al funcionamiento de la justicia fueron en general negativas, pues se la define como patriarcal, burocrática, lenta, repetitiva, improlija, poco seria y confiable, anticuada, desactualizada y distante de las poblaciones. Cabe mencionar que estas adjetivaciones van acompañadas de lo que ya hicimos referencia, como el escaso y superficial conocimiento de la problemática en cuestión de parte de las demás oficinas e instituciones que forman parte del ecosistema.

Teniendo en cuenta estos resultados, se hace evidente la necesidad de realizar modificaciones en el sistema de justicia para que optimice los tiempos, integre a todas las poblaciones y evite la revictimizacion de las víctimas. También es necesario que quienes conforman el ecosistema asuman la función que les corresponde.

Urge el trabajo desde los poderes ejecutivos y legislativos locales con equipos técnicos capacitados en materia de género, que cuenten con presupuesto para diseñar e implementar políticas públicas de asistencia, detección y prevención de situaciones de violencia y de acompañamiento económico y psicológico para las víctimas y sus familiares. Es necesario que asuman y reconozcan las responsabilidades que les fueron asignadas desde la Ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres y la Ley Provincial 7403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar para la generación de sociedades justas y libres de violencia.

Referencias bibliográficas

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Birgin, H. y Gherardi, N. (2008). El acceso a la justicia como un derecho humano fundamental: retos y oportunidades para mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres. En Etchegoyen, A. (Coord.). Mujer y acceso a la justicia. El Mono Armado.

Boletín Oficial de Salta. (2017). Ley 7888. Protección contra la Violencia de Género. Competencia juez de violencia familiar y de género. https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9THw3OTg2cXdlcnR5

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Cámara de Diputados de la Provincia de Salta. (2016). Ley de creación de Oficina de Violencia Familiar y de Género dependiente de la corte de justicia de Salta. http://web.justiciasalta.gov.ar/images/uploads/Ley%207954%20-%20Creaci%C3%B3n%20de%20Oficinas%20de%20Violencia%20Familiar%20y%20de%20G%C3%A9nero.pdf

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (2012). El acceso a la justicia como política pública de alcance universal: acceso a la justicia para todos. http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/1559.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (2009). Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.ht

Noelia Macarena Navarrete

Perfil académico y profesional: Licenciada en Comunicación Social. Docente del nivel superior en las asignaturas Proceso de la Comunicación, Taller de Medios I, y Ética y Deontología Profesional. Estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades con orientación en Comunicación (UNQ). Miembro del Instituto de Investigaciones y Estudios Jurídicos (INEJU) de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial Salta.

noelia_navarrete@hotmail.com.ar

Identificador ORCID: 0000-0002-5800-1570

Estela del Valle Lizondo

Perfil académico y profesional: Magister en Derechos Humanos. Licenciada en Psicología. Perito psicóloga del Poder Judicial. JTP de la Cátedra de Psicología Social. Miembro del Instituto de Investigaciones y Estudios Jurídicos (INEJU) de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial Salta.

gilkestela@gmail.com

Identificador ORCID: 0000-0002-5070-2962

  1. Instituto de Investigaciones y Estudios Jurídicos (INEJU) de la Escuela de la Magistratura de Poder Judicial de Salta↩

  2. Entrevista realizada el 25 de marzo de 2022.↩

  3. Entrevista realizada el 25 de marzo de 2022.↩

  4. Entrevista realizada el 25 de marzo de 2022.↩

  5. Entrevista realizada el primero de abril de 2022.↩

  6. Entrevista realizada el 19 de septiembre de 2022.↩

  7. Entrevista realizada el 19 de septiembre de 2022.↩

  8. Entrevista realizada el 19 de septiembre de 2022.↩

  9. Entrevista realizada el 31 de enero de 2022 a las 10.↩

  10. Entrevista realizada el 31 de enero de 2022 a las 10.↩

  11. Entrevista realizada el 25 de enero de 2022 a las 19.↩

  12. Entrevista realizada el 2 de diciembre de 2021 a las 16.↩

  13. Entrevista realizada el 2 de diciembre de 2021 a las 16.↩

  14. Entrevista realizada el 3 de diciembre de 2021 a las 10.↩

  15. Entrevista realizada el primero de febrero de 2022 a las 8.30.↩

  16. Entrevista realizada el primero de diciembre de 2021 a las 15.↩

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